Muchas veces nos preguntáis cuánto puede tardar en resolverse un caso, y la respuesta siempre es ambigua, ¿por qué?
Porque pese a que hay tiempos establecidos legalmente, en muchas ocasiones no se cumplen.
Explicábamos hace tiempo los plazos que existe para reclamar a un Hospital Público. Por ejemplo, en un tema en el que se ha presentado una reclamación administrativa previa, la Administración tiene 6 meses para poder responder, pero muchas veces directamente no responde, dando lugar al silencio administrativo negativo, es decir, se desestima la reclamación sin respuesta expresa, por lo que tienes otros 6 meses para poder reclamar judicialmente.
Toca poner una demanda ante los Juzgados de lo contencioso administrativo, donde hay unos plazos que cumplir, pero también existe la jugada de la «caducidad». Y os preguntaréis,
¿Qué es la caducidad?
Pues bien, una vez presentada vuestra demanda, ha llegado al Juzgado correspondiente, éste la ha proveído y da plazo de 20 días al demandado para contestar a la demanda. En la práctica, si se te pasa el plazo, te dictan la caducidad de la acción y, si presentas el escrito en el mismo día en que te han dictado la caducidad, es válida su presentación.
¿Qué ocurre con ésto? Pues que muchos demandados aprovechan estirar el tiempo hasta el último momento y esperar a que dicten la caducidad, y ésta se dicta cuando en el Juzgado se dan cuenta de que no se ha presentado el escrito en plazo, y puede ocurrir que se den cuenta a la semana, o pasado ya algún mes.
Este hecho genera unos retrasos increíbles en la tramitación de los procedimientos, y acaban alargándose más de lo debido por su culpa.
Para muestra, un botón:
Un caso de una joven de 29 años que, el 28 de agosto de 2006 acudió al Centro de Salud de Perillo en Galicia para hacerse una analítica, y durante la extracción de sangre sufrió daños por una mala técnica, lo que derivó en varias cirugías y daños permanentes en el brazo, además de un dolor continuo y un trastorno ansioso-depresivo que ha desembocado en la declaración de una incapacidad permanente.
Tras las intervenciones posteriores, la paciente afectada presentó reclamación patrimonial ante el Servicio Gallego de Salud en el año 2009, reclamación que fue desestimada por silencio administrativo, lo que le obligó a presentar demanda ante los Juzgados, donde nuevamente fue desestimada en marzo de 2017.
Finalmente, tras presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, su caso ha sido estimado, determinando la sentencia una indemnización de 110.000 € para la afectada.
Fuente: http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2017/12/14/joven-analitica-perillo-sale-incapacidad/1244773.html